| Teniendo como sede la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de San Salvador, entre los días 20 y 22 de marzo, se llevó a efecto la V edición del Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador. |
Este Tribunal viene actuando desde hace 4 años gracias a la excelente labor realizada por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA-IDHUCA con
el apoyo y la participación de los jueces y magistrados de España,
Brasil, El Salvador y Paraguay. El objeto de este Tribunal es devolver
el significado a la memoria histórica de ese país y obtener reparación
para todas las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos a
lo largo de la guerra de los años 80 que quedaron sin investigar ni
juzgar tras los acuerdos de paz de 1992 y la ley de amnistía de 1993.
De esta forma las víctimas de estas violaciones podrán ser escuchadas -muchas de ellas por primera vez- y podrán reportar los maltratos y las violaciónes de todos lo que los
que sufrieron terriblemente, en ese espació judicial serán escuchados
con atención; es decir su sufrimiento no continuará en silencio, ni
quedará impune.
En
esta edición, se presentados ante este Tribunal, siete casos de
violaciónes de Derechos Humanos durante el período de 1972 a 1992
(siendo de 1981 a 1992 el período de conflicto propiamente dicho). Se
trató de casos de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias
y matanzas, todos ellos cometidos contra una población civil totalmente
carente y desprotegida, cuyo único "error", cuando mucho, fue luchar
por sus derechos y por un mejor país.
Las
cifras dan cuenta de un total de 80 000 personas víctimas de
desaparición forzada y / o asesinadas, en su mayoría debido a las
acciones de las fuerzas del gobierno En este contexto, existen muchas
familias salvadoreñas que tienen entre sus miembros a algunas de las
víctimas de tortura, ejecución o desaparición forzada. También hay
muchas historias de familias que fueron diezmados por completo en
matanzas cobardes lleva a cabo directamente en contra de poblaciones
humildes, incluso contra de aquellos que no tenían condiciones de
defenderse a sí mismos, como los niños y los ancianos.
Así
fue la "Masacre 18 Marzo" que tuvo lugar en Santa Marta, la ciudad de
Cabañas en 1981. En esa ocasión, las familias campesinas tratando de
cruzar el río Lempa, en la frontera de El Salvador en busca de
sobrevivientes en tierra hondureña, fueron interceptados por
helicópteros y aviones del ejército salvadoreño que empezaron a
ametrallar a la población local. Los disparos mataron a decenas de
personas, muchas de las cuales en su desesperación, se lanzaron al agua
sin saber nadar. Inmediatamente después, las compuertas de la presa "15
de septiembre" se abrieron, haciendo que el gran torrente de agua
termine el trabajo iniciado por el ejército.
Evidentemente,
se trata de un país que clama justicia, que establece que las víctimas
sean reparadas lo mejor posible y que esos crímenes sean debidamente
investigados con el fin de poner de manifiesto la verdad, para que los
culpables sean jusgados y evitar así, que este reciente y cruel pasado
vuelva a repetirse.
De
esta forma, el Tribunal Internacional de El Salvador viene dando una
importante contribución a través de este espacio donde se escucha a las
víctimas, para revelar la verdad, a fin de conseguir la reparación moral
que esta gente tanto necesita, en vista que el gobierno salvadoreño, la
sociedad civil, y la comunidad internacional continuan indiferentes y
sin hacer nada, es que tenemos el deber de ayudar a los que más sufren.
Una
prueba más de la destacada labor que viene realizando IDHUCA es que, el
20 de marzo fueron presentadas por las víctimas, ante la Fiscalía
General de la República de El Salvador, 43 denunciaslas violaciónes de
Derechos Humanos sean investigados y procesados. Los denunciantes
tuvieron en todo momento la asesoría de abogados y abogadas del
Instituto.
En
la misma fecha, con la presencia y apoyo del juez español Baltasar
Garzón, presentada en las actuaciones del Tribunal Supremo la anulación
de la ley de autoanmistia salvadoreña y un proceso de anulación de la
ley que implica la prescripción en 10 años de crímenes crímenes de lesa
humanidad. Crimenes que según la Corte Interamericana de Derechos
Humanos son inalienables y no susceptibles a anmistía.
(Luciana Ruttscheidt)
Opinión de la redacción de Impressor Braziliense.- Más
allá de las definiciones legales y doctrinales, la experiencia
adquirida con las víctimas salvadoreñas; con sus dolores y desencantos,
sus anhelos y alegrías, nos demuestra que la justicia solo será real
para ellas cuando se recupere la verdad, y se juzgue a todos aquellos
que de forma indolente truncaron sus proyectos de vida. De esta forma no
solo se hará justicia, sino que se les brindarán las condiciones
necesarias para que al menos puedan alcanzar una existencia de calidad.
Este
tipo de Justicia Restaurativa que se viene aplicando en El Salvador con
todas las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, debe servir de
ejemplo para que sea inplantada en todo país, o en cualquier región del
mundo donde existan este tipo de atentados contra la vida y los derechos
no solo humanos, sino también de los animales y de la ecología, a fin
de encontrar la verdad y la justicia, las que serviran de medio para
reparar integralmente a todas las personas, comunidades y grupos
sociales del mundo, que aún están a la espera de la restauración de sus
derechos violentados... y para lograr también que nuestro habitat sea un
espacio digno para la vida. (RRC.)
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